El informe de mayo de la encuesta bimestral de Gallup cayó como un baldado de agua fría. Después del ánimo que caracterizaba al país en los primeros meses de mandato de Juan Manuel Santos, el estudio marcó una aguda caída en el porcentaje de colombianos que piensan que las cosas están mejorando (pasó de 41 por ciento a fines de febrero, a 27 hoy) y una subida significativa de quienes creen que está empeorando (de 39 a 54 por ciento en el mismo período). Como lógica consecuencia, el Presidente pagó parte de la cuenta: su imagen favorable cayó de 72 por ciento hace dos meses, a 66 ahora.
¿Las razones? Sin duda, el desastre invernal y la tardanza en la llegada de la ayuda han pesado. Las preguntas relacionadas con el estado de las carreteras o el medio ambiente registraron una mala calificación para las autoridades. Pero también, y mucho, pesó la interminable secuencia de escándalos de corrupción y el hecho de que quedó claro que este problema no está circunscrito a uno sino a muchísimos casos. La sensación de que, en este frente, las cosas están empeorando se acentuó: en octubre, 46 por ciento de los encuestados del Gallup Poll lo pensaba; ahora lo cree el 70.
Pero, en rigor, si el Gobierno y los organismos judiciales son capaces de denunciar las graves irregularidades en salud, contratación de obras, agro, funcionarios que piden plata y otros muchos, y de sancionar disciplinaria o incluso penalmente a los responsables, como los colombianos lo están viendo, esto debería llevar a la opinión a concluir lo contrario: que las autoridades están combatiendo la corrupción y que eso es bueno.
El problema es que para sancionar, primero hay que destapar. Y como la serie de destapes lleva varios meses, el impacto por la gravedad de lo descubierto supera en mucho la sensación de que la actuación de las autoridades no solo sirve para castigar a los culpables, sino para prevenir la repetición de los mismos hechos. Desconcertados ante lo que ha quedado en evidencia, los colombianos no están por ahora en capacidad de ilusionarse con que la guerra contra la corrupción logrará prevenir irregularidades y delitos similares en el futuro.
Que años después del proceso 8.000, que llevó a decenas de congresistas a la cárcel, otras decenas de parlamentarios hayan ido tras las rejas por cuenta de la 'parapolítica' produce ese escepticismo. La conclusión obvia es que muchos políticos no aprendieron la lección. El Congreso y los partidos también pagan parte de la cuenta. La encuesta revela que la opinión desfavorable del parlamento creció de 44 por ciento en septiembre, a 54 ahora. A los partidos políticos les va peor: en el mismo período, ese indicador negativo pasó de 47 a 66 por ciento.
Si esto sigue así, el caldo de cultivo para una aventura populista tipo Fujimori o tipo Chávez estará listo cuando arranque la campaña presidencial del 2014. Consciente de la gravedad del momento, el presidente Santos ha hecho una apuesta interesante. En vez de mantenerse como observador impávido de la serie de destapes y de dejar el protagonismo a los jefes de los organismos de control, ha querido liderar la campaña. Así lo demostró en el caso de la red de negociados en el sistema de salud. Y varios de sus ministros, como el de Defensa, Rodrigo Rivera, cuando denunció el viernes los delicados hallazgos en el Club Militar, apuntan en la misma dirección.
Eso no quiere decir que la estrategia vaya a funcionar. Pero es la correcta. Primero, porque es muy bueno que, en un país presidencialista, el propio Jefe del Estado lidere esta guerra. Y segundo, porque eso les da la oportunidad, a él y a los jefes de los organismos judiciales, de hacer pedagogía en el sentido de que el destape, por duro que resulte, debe servir algún día para reducir de modo significativo la corrupción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario