miércoles, 18 de mayo de 2011

¿Lesa humanidad para la impunidad?



A FINALES DE 2009, UNOS DÍAS ANTES de que la investigación del atentado terrorista al avión de Avianca prescribiera, la Fiscalía General declaró este delito como de lesa humanidad. Paralelamente, en razón de la sistematicidad y la masividad de los crímenes con que el cartel de Medellín exterminó a la Unión Patriótica y a la cúpula del Nuevo Liberalismo, la Fiscalía entró a reconocer estos crímenes como de lesa humanidad.

Este reconocimiento abre una puerta de esperanza para que un país que fue humillado por la violencia terrorista de este aparato político-criminal pueda hoy, con dignidad, impartir justicia. Por regla general estas vanas investigaciones centraron cómodamente toda la responsabilidad en el fallecido Pablo Escobar, en otros capos muertos y en unos cuantos pistoleros, sin que se indagara un poco por los miembros que conformaban de pleno derecho la cúpula del cartel de Medellín y que hoy hacen alarde de su impunidad.

El clamor de justicia por estos crímenes no es sólo un asunto íntimo de las víctimas. Para el país es importante conocer que el auge militar de las Farc tuvo como combustible el negocio del narcotráfico, que empezó como una sociedad que se inventó el cartel de Medellín para cuidar sus laboratorios, tal como quedó demostrado en los hallazgos de Villa Coca y Tranquilandia.

Las nuevas generaciones también deben entender, que una vez este cartel rompe su sociedad con las Farc, a mediados de los ochenta, la sustituye organizando sus propios grupos armados, inicialmente cooptando a unos nacientes grupos de autodefensas del Magdalena Medio. Con esta alianza sembraron la semilla de los mal llamados grupos paramilitares.

El cartel se depuró colaborando bajo el rótulo de “Los Pepes” en el abatimiento de Escobar. Aprovechando la poderosa estructura militar que montaron para abatirlo en 1993, procedieron a iniciar la expansión nacional de los grupos paramilitares. Primero reclutaron en cada región a los mancusos y los cuarentas, para luego sembrar el terror con masacres que anunciaban su llegada.

La lesa humanidad nos sirve a los colombianos para conocer esta oscura etapa de nuestra historia. Pero la reapertura de algunas investigaciones (curiosamente el crimen de Rodrigo Lara B. es el único de esta serie no declarado de lesa humanidad) puede ser utilizada para sellar una perenne impunidad con fallos judiciales espurios. Como lo señala el columnista Fernando Arellano, preocupa que un reciente informe del CTI, a pesar de los rastros de explosivos encontrados, señale 22 años después que la causa probable del accidente del avión de Avianca sea una falla mecánica. Lo hace sin que exista un solo sindicado y sin citar a diligencia alguna a personas señaladas por testigos, como es el caso de Jorge Luis Ochoa.

La reapertura de estas investigaciones se topa con la sombra de un cartel impune que aún cuenta con sus aliados políticos de siempre, que no esconden su interés en explicar esta etapa de nuestra historia bajo un cómodo reduccionismo, según el cual todo ese conjunto de narcoguerrillas, paras y carteles que ayudaron a crear, es y ha sido una simple amenaza terrorista, sin más.

@rodrigo_lara_

[Mucha atención a esta perla. Donde dice "Cartel de Medellín" se debe leer "uribismo". Ése es el nivel de la prensa colombiana.]

martes, 17 de mayo de 2011

viernes, 13 de mayo de 2011

Cuidado


Por: Francisco Gutiérrez Sanín

LA RECIENTE OFENSIVA DEL URIBISmo —de la cual la cruzada contra la aceptación de la existencia de un conflicto interno es apenas el último episodio— tiene tres aspectos.

En primer lugar, el cómico. Todas estas gentes, vinculadas a delitos gravísimos, y que lo único que merecen es un juez probo, ahora se rasgan las vestiduras porque sienten que el país ya no les pertenece. Y en el proceso, incurren a cada paso en efectos de humorismo involuntario, que es una de las marcas de fábrica de su forma de hacer política. De las recientes, la ocurrencia que más me gusta es la de Luis Carlos Restrepo —ahora con barba, para reencontrar su verdadera identidad— cuando se lamenta de que los políticos siempre mienten. Restrepo está en este momento acusado de haber propiciado el montaje ilegal de una supuesta reinserción colectiva y cuando fue comisionado de Paz se caracterizó por su conceptualización flexible y generosa del concepto de veracidad, como sin duda lo recordará Rafael Pardo (junto con otros tantos damnificados). Y eso que todavía no tenía barba. Pero ahora, derritiéndose de autocompasión, gime contra la falta de sinceridad de los políticos…

Pastillas de cianuro, barbas, estridencias, ternura desbordada (por sí mismos): recomendaría el espectáculo para la temporada de sainete si no fuera por su chabacanería inenarrable.

En segundo lugar, el sórdido. Porque es expresión de una fuerza política que ha demostrado reiteradamente que tiene un pie en la ilegalidad, que no se aguanta las ganas de tener las puertas del sótano abiertas para que entre Job. No se me ocurre un solo nombre de un uribista de primera línea que no esté en este momento acusado de un delito grave y con evidencias serias acumulándose acerca de otros tantos. Aparte de la única obvia, la del caudillo mismo, pero porque tiene todas las gabelas del mundo (a propósito: ¿no valdrá la pena conformar una red ciudadana que se encargue de supervisar a la Comisión de Acusación para que no vaya a prevaricar?). Lo que queda claro es que durante el gobierno anterior se produjo una enorme repartija del Estado por parte de agentes privados, muchos de ellos vinculados con actores armados. Que hubo diseños institucionales que facilitaron esto y que venían de antes, es indudable y estaba incorporado al análisis y al debate público. Estoy familiarizado con algunos de estos temas. En un trabajo académico terminado hace más de un año me encontré con que los diseños del sistema de salud favorecían la toma del sistema por parte de los paramilitares (la versión en español se encuentra en Mercados y armas, editado por La Carreta). Pero sobre ese tramado institucional ya defectuoso el gobierno anterior tomó una serie de medidas que facilitaron un verdadero saqueo del Estado. Y es con este trasfondo —la aparición casi cotidiana de delitos y complicidades— que se produce la rebelión uribista.

Y aquí viene el tercer aspecto, el estratégico. Porque aunque rodeado de personal de aluvión y de insignificancias —por su carácter, no tolera a quien le pueda hacer sombra—, Uribe mismo es un político de enorme capacidad, un técnico que conoce el oficio a la perfección y que cuenta con una garra, una convicción y un carisma que pocos tienen en este país. Y lo que está buscando es consolidar su propia corriente, que es profundamente autoritaria, a través de ideas, programas y organización. El peor error que podrían cometer las fuerzas interesadas en la democracia en Colombia sería subestimar a Uribe y tratarlo como a un loquito a quien se saca del juego con el simple silencio estratégico, pues se trata de una figura de primera línea, que sabe que se está jugando el pellejo y que cuenta con apoyos sólidos y entusiastas en la sociedad colombiana.

Al uribismo hay que acercarse con las narices tapadas, sí, pero con los ojos bien abiertos.

[Verdaderamente no ver detrás del tono de este profesional de la oposición, previsiblemente profesor de la Universidad Nacional, la industria del secuestro es evidente mala fe. ¿Qué tal las calumnias contra Luis Carlos Restrepo?]

El negacionismo embrutecedor



[Resalto en negrita las perlas del sicario. JR.]

No se trata en esta ocasión de estar a favor o en contra de Álvaro Uribe...

A finales de los años setenta, Robert Faurisson, profesor de literatura en la Universidad de Lyon (Francia), fue retirado de su cargo debido a que negaba la existencia de las cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial.

El episodio adquirió relevancia internacional porque un grupo de reputados intelectuales de todo el mundo, entre los cuales se contaba Chomsky, firmó para la época una carta de apoyo a la libertad de expresión de Faurisson. Evidentemente, no es que Chomsky estuviera de acuerdo con un desaguisado histórico negacionista de tan asombrosas dimensiones, sino que defendía, recordando a Voltaire (“Defenderé mis opiniones hasta la muerte, pero daré mi vida para que usted pueda defender las suyas”), la posibilidad de que el inefable profesor expresara sus absurdas opiniones.

A pesar de que Álvaro Uribe lo puso de moda por estos días en el país al negar la existencia del conflicto armado colombiano, el “negacionismo”, esto es, “la distorsión ilegítima del registro histórico de tal manera que ciertos eventos aparezcan de forma más favorable o desfavorable”, no se lo inventó el expresidente, ni mucho menos su lacayo pseudointelectual José Obdulio.

No, el negacionismo es una aplicación premeditada de la ley fundamental de la propaganda nazi, enunciada por Goebbels: “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Es además recurrente en contextos totalitarios porque es útil para evadir discusiones incómodas para el gobierno de turno, o para estigmatizar a los enemigos del régimen (recordemos que durante el mandato de Uribe quienes criticaban al gobierno eran catalogados de “terroristas vestidos de civil”).

Hace poco, durante “la noche de los nazis criollos” que documentó Semana, asistimos a otra de las manifestaciones tradicionales del negacionismo en cabeza de los continuadores postmodernos de la doctrina nacionalsocialista, para quienes el holocausto judío fue apenas un “holocuento”. Cualquier parecido con la doctrina uribista…

Hay un derecho fundamental que no figura expresamente en la Constitución pero es trascendental para cualquier democracia, y se incluye dentro del amplio radio de cobertura de la libertad de expresión. Se trata del derecho a ser imbécil, es decir, a pensar y decir imbecilidades, cosas abiertamente ilógicas y absurdas, que están en contra de la evidencia histórica, como por ejemplo que el conflicto interno armado más antiguo y descarnado del mundo, no existe.

Ahora bien, negar un fenómeno desde el punto de vista jurídico no resulta idóneo para desvirtuarlo desde una perspectiva sociológica. Hay que preguntarle a Álvaro Uribe cómo fue posible que, a pesar de no existir conflicto armado en Colombia, aumentó el pie de fuerza de 260.000 efectivos a 445.000 entre 2002 y 2008, año durante el cual su gobierno llegó a dilapidar el 6% del PIB en el sector defensa, y cuando 459.687 (el 81,2%) de los 566.084 empleos públicos con cargo al presupuesto nacional que existían, fueron ocupados por servidores públicos asignados a tareas de defensa, seguridad y policía. Es decir que el 58,4% de los salarios pagados correspondieron al Ministerio de Defensa.

Pero ni siquiera desde una perspectiva jurídica (leguleya, en realidad) es defendible semejante especie tan absurda. Mientras Uribe reclama como otro de sus grandes éxitos la desmovilización definitiva y total de los grupos paramilitares (que hoy sabemos que fue una farsa, colmadamente desmentida por los estragos que están causando las Bacrim y los neoparamilitares), ésta solo fue posible gracias a un instrumento jurídico de justicia transicional (la Ley 675 de 2005 o Ley de Justicia y Paz), y quien dice justicia transicional necesariamente reconoce un escenario de conflicto armado.

El gran argumento esgrimido por el exmandatario para negar la existencia de lo obvio es que lo contrario equivaldría a reconocerle estatus de beligerancia a la guerrilla. Cualquier alumno de primer año de derecho sabe que este es un acto distinto y discrecional de los gobiernos, que nada tiene que ver con que el país reconozca o no su propia realidad histórica.

No se trata en esta ocasión de estar a favor o en contra de Álvaro Uribe. Como decía el abate Galiani: “Je ne suis pour rien. Je suis pour qu'on ne déraisonne pas”, o en una traducción libre: “no estoy a favor de nada en particular, sino en contra de las imbecilidades”.

* @florezjose - http://iuspoliticum.blogspot.com

El mayordomo de los superpoderosos

PÚBLICO 16/08/2009 08:00
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Nadie de los que frecuentaron a aquel rebelde estudiante de Derecho en la Universidad de Medellín, Álvaro Uribe Vélez (Medellín, 1952), enamoradizo y pendenciero, incontrolable y agresivo en el trago, buen representante del espíritu paisapara los negocios, intuyó que un día sería el político más popular de Colombia. Dos veces presidente por carisma personal, sin el apoyo de una estructura partidista seria, aunque aupado por la oligarquía antioqueña, que coincidió con la de Bogotá en la necesidad de encontrar a alguien que aplicara mano dura en el orden público y liberalismo ilimitado para sus negocios.

Su vinculación con los poderosos nació durante su gestión como gobernador de Antioquia. El sociólogo y escritor Alfredo Molano le conoció allí cuando ejercía como gestor de paz. "Tuve una reunión con él y con otros personajes. El que manejaba todo era Fabio Rico, el magnate del azúcar; él le dictaba las medidas Lo que tiene Uribe es que es una especie de mayordomo de los superpoderosos; interpreta muy bien su lógica y los ha sabido utilizar para su ambición política y para su fortuna económica".

En 1982, la familia Uribe compra en Córdoba (la zona más importante del paramilitarismo) una finca de más de 2.000 hectáreas, El Ubérrimo. El padre, Alberto Uribe Sierra, asesinado por la guerrilla durante un intento de secuestro, se dedicaba a la compra y venta de fincas, y es íntimo amigo de Fabio Ochoa, patriarca de una de las primeras familias de narcos, cuyos hijos fueron extraditados a EEUU. Uribe siempre ha sostenido que sus vinculaciones con gente tan dudosa tuvieron su origen en la afición por los caballos. Él mismo es un buen jinete y su número preferido es el trote con montura de paso sosteniendo una taza llena de café sin que se derrame una gota. Así alterna su tiempo entre una frenética actividad política todos le reconocen una gran capacidad de trabajo con la vida de terrateniente.

Los próximos días serán decisivos para que Uribe, retorciéndole una vez más el pescuezo a la Constitución y las leyes colombianas, se promueva para un tercer mandato, que tendría ganado de antemano ante la desunión de la oposición política. Frío y habilidoso, suele faltar a su palabra cuando lo considera necesario. Un importante político que visitó a Chávez en medio de la crisis de las bases estadounidenses, subraya que el mayor reproche que le hace a Uribe el mandatario venezolano es el de ser un mentiroso. En esto coincide Antonio Caballero, el periodista más influyente de Colombia: "Miente como respira. Casi todos los políticos mienten, pero éste lo hace de una manera casi patológica".

Empezó a mentir casi al comienzo de su primer mandato, cuando aseguró que no se prestaría a una reelección. Tras un montaje turbio de compra de votos, que tiene en la cárcel a dos parlamentarios por cohecho, abrió la posibilidad para un segundo mandato, que ganó en las urnas frente a Carlos Gaviria, quien, sin embargo, obtuvo la mayor votación de la izquierda en la historia colombiana.

Perpetuarse en el poder

Ante las críticas generalizadas por sus maniobras, Uribe acude a su popularidad en las encuestas, que no ha bajado nunca del 50%, especialmente entre las clases bajas, y habla del "estado de opinión" por encima de las formas democráticas. "Es un populista", afirma Caballero. "Mediante los consejos comunales (concejos abiertos donde amonesta públicamente a sus ministros y reparte cheques y ayudas) abrió paso a esa idea del estado de opinión, que es una preparación para un posible autogolpe de Estado. Si no le va bien con las normas vigentes, buscaría fórmulas para perpetuarse en el poder con apariencias de legalidad o sin ellas. A lo Fujimori".
La clave de la ascensión de Uribe está en su programa de dureza para acabar con la guerrilla. Las FARC y el ELN han sembrado el odio y la inseguridad en los campos de Colombia, fomentando un deseo de "tranquilidad" que el presidente y los medios, casi todos afines a él, han sabido vender. Ésta fue una de las claves de su primera elección en 2002, cuando partía desde niveles muy bajos de conocimiento popular y las dos TV privadas, Caracol y RCN, se coligaron para apoyarlo y ridiculizar a su adversario, el veterano liberal Serpa. Cuando la victoria era dudosa y se presumía que perdería si hacía falta una segunda vuelta, dos falsos atentados montados por los servicios secretos (el tenebroso DAS) elevaron la popularidad de Uribe el 10% que necesitaba.

Dice Caballero: "Éste es un país muy de derechas. Está muy difundido algo parecido a lo que en España se llamaba franquismo sociológico y, mientras la izquierda armada ejerce un militarismo muy facha, la reacción ha sido siempre partidaria de las soluciones de fuerza".

Los símiles con la derecha española más reaccionaria pueden establecerse entre Uribe y Aznar como siervos voluntarios del imperio estadounidense. Los dos trataron de engrandecer su corta estatura del bracete de Bush: no en vano Colombia fue el único país de Latinoamérica en apoyar la invasión de Irak. En toda su trayectoria, Uribe ha privilegiado la sumisión a EEUU a las buenas relaciones con sus vecinos, a los que siempre ha desdeñado. Cuando pensó que los nuevos vientos que anunciaba Obama le iban a apartar del favor de la primera potencia, se apresuró a ofrecer el territorio de Colombia para sustituir a la base de Manta en Ecuador, cuyo cierre anunció Rafael Correa. La secuencia no pudo ser más grotesca: mientras el Pentágono se fijó en tres puntos de Colombia para establecer su fuerza, Uribe ofreció dos más y luego otras dos zonas navales ¡hasta siete bases!, ante el estupor de casi toda Latinoamérica.
El flanco más débil de Uribe reside en las zonas del paramilitarismo y el narcotráfico que ensangrentan Colombia desde hace decenios. Nada se le ha podido probar en este orden, pero nadie duda de su proximidad y parentesco con gente peligrosa. Su primo, Mario Uribe, que le hizo de escudero en su ascenso a la Presidencia, está procesado por sus vínculos con los paras, como la totalidad de su movimiento Colombia Democrática. Las amistades peligrosas de Alvaro Uribe han sido abundantes. Como muchas de sus actuaciones. Una de las más sonadas fue el homenaje de "desagravio" al general Rito Alejo del Río, procesado por espantosas masacres. Para el abogado Iván Cepeda, dirigente de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado: "Uribe está implicado en un conjunto de hechos sin esclarecer, mientras varios de los que se ofrecieron como testigos están siendo asesinados y los dirigentes más importantes del paramilitarismo fueron extraditados a EEUU para que no hablaran aquí".

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Uribe consigue en Colombia lo que echó a Zelaya de Honduras

El Senado acepta comenzar los trámites para una reforma constitucional que consienta la reelección del presidente colombiano
PÚBLICO.ES Londres 20/08/2009 08:02 Actualizado: 20/08/2009 22:00
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El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha logrado a la primera lo que tanto Evo Morales, Hugo Chávez y el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, intentaron en su momento sin tanto éxito, sobre todo el último.

El Senado colombiano aprobó este jueves la convocatoria de un referéndum en el que se vote si Uribe puede volver a ser elegido o no para un tercer mandato.
El proceso no está terminado. La Cámara de Representantes debería aprobarlo primero para convertir esta propuesta en ley y después los colombianos deberán decidir en las urnas si se modifica o no la Constitución.

Uribe no ha encontrado ni mucho menos la oposición que tuvo Zelaya. El Partido Liberal y el Polo Democrático de izquierdas se retiraron de la sala en señal de protesta por lo que se llama reelección pero que tal y como se calificó en el caso de los otros presidentes no es más que un intento de perpetuarse en el poder.

Acoso y derribo a Zelaya

El caso es distinto al de Honduras por varios motivos. La campaña contra el hondureño venía de lejos. La oligarquía del país no vio con buenos ojos el flirteo de Zelaya, de familia adinerada, con Venezuela, Ecuador y Bolivia. Honduras fue recibido con los brazos abiertos en la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) y se empezó a beneficiar de lo que ello suponía. Un buen ejemplo es que podría rebir petróleo de Venezuela con unas condiciones perfectas: pago a 25 años vista y un interés del 1%.

Zelaya intentó después preguntar al pueblo sobre la posibilidad de optar a una reelección y presentó en el Parlamento la propuesta de la denominada cuarta urna. La iniciativa pretendía que en las próximas elecciones los hondureños decidieran modificar la Constitución con este propósito. Y esto colmó el vaso de la paciencia de la derecha. El 25 de marzo, el Ministerio Público le dijo a Zelaya que se olvidara de la consulta. Poco después, en mayo, el golpista Micheletti, ex presidente del Parlamento y presidente de facto predicó a los cuatro vientos mientras Zelaya estaba reunido con el ALBA que estaba recibiendo amenazas de muerte del Gobierno.
Los acontecimientos se desarrollaron según lo previsto y el 29 de junio los militares tomaban el mando del país, Micheletti se autoerigía presidente y deportaban a Zelaya.

El apoyo con matices de EEUU

EEUU reaccionó en un principio como toda la comunidad internacional. Criticó el golpe e instó a Micheletti a que dejara volver a Zelaya. Pero misteriosamente y tras varias reuniones con la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, la Casa Blanca suavizó el tono. Obama ahora quiere que vuelva Zelaya pero que convoque elecciones. Su permanencia puede que signifique demasiados gobiernos de izquierdas en América Latina.

Entre tanto, Uribe, que no se había pronunciado, se reunió en secreto con enviados de Micheletti en Bogotá y poco después aceptó la instalación de siete bases militares estadounidenses que reportarían, según él, gran beneficio a Colombia. Los países de América Latina asistieron consternados a la táctica estadounidense y no han terminado de comprender ni por Uribe ni por Clinton lo que significa este desembarco en Colombia.

Con los aliados bien dispuestos, Uribe consigue el apoyo del Senado para la reforma Constitucional y ahora tocará hablar a los ciudadanos. Según la oposición, "se lacera la Constitución" y se niegan a "participar en su masacre".

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Uribe deja a Colombia con 32.000 desaparecidos

La fiscalía emprende un censo nacional sobre los cadáveres hallados en fosas comunes y los "falsos positivos". Santos sucede hoy al presidente colombiano
ANTONIO ALBIÑANA 07/08/2010 08:10 Actualizado: 07/08/2010 16:32
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Los fantasmas de más de 32.000 desaparecidos perseguirán a partir de hoy a Álvaro Uribe, quien se refugiará en la soledad de un apartamento-búnker en un complejo policial de alta seguridad para preparar la estrategia de su defensa ante la tormenta judicial que se le viene encima en cuanto legue la presidencia colombiana a Juan Manuel Santos.

Lo que en Colombia llaman laschuzadas el espionaje ilegal de jueces, diputados y defensores de derechos humanos por el que están en prisión ex responsables de los servicios secretos (DAS) empezó a quemar a Uribe esta misma semana, cuando varios de los principales procesados admitieron que siguieron órdenes directas de la Presidencia, incluso cuando amenazaron de muerte a opositores. El proceso contra el DAS tiene entre rejas a su primer director, Jorge Noguera, nombrado directamente por Uribe, bajo cuyo mandato los servicios secretos facilitaron a los paramilitares datos sobre líderes sociales y sindicales que después fueron asesinados.

Pero lo más grave es que Uribe se despide de la Presidencia cuando la Fiscalía General de la Nación acaba de emprender un censo nacional sobre cadáveres enterrados como "NN" (sin nombre) a lo largo de todo el país, con el fin de cruzarlos con los 32.348 desaparecidos que tiene registrados la Unidad de Justicia y Paz. Una cifra superior a la suma de los desaparecidos en todas las dictaduras de América Latina. Gran parte de estos muertos sin nombre ya han sido confesados como víctimas de masacres por los jefes paramilitares que se han acogido a sentencias benignas (no más de ocho años de cárcel) por confesar sus acciones.

Al menos 1.700 de las víctimas son "falsos positivos": jóvenes asesinados y presentados luego como guerrilleros muertos en combate. Ayer mismo, el fiscal de la región de Nariño ordenó la detención de 24 militares del Batallón Boyacá por matar a 20 personas entre 2007 y 2009 indigentes y campesinos para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. Uno de ellos era un discapacitado que no podía mover los brazos y que fue presentado junto a un fusil.

En muchos de los casos que la fiscalía indaga como "NN", los cuerpos de las víctimas eran enterrados en cementerios clandestinos próximos a cuarteles. Como en La Macarena, cercana a una guarnición de élite del ejército en la región del Meta, donde hay una fosa con unos 2.000 cadáveres sin identificar. La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Cilia Flores, acusa a Uribe de montar una escalada de tensión con su país, "como estrategia para tratar de tapar el genocidio de La Macarena".

Mandato bajo sospecha

Tras un segundo mandato, iniciado en 2006 gracias a una reforma constitucional, Uribe intentó por todos los medios poder ser reelegido de nuevo gracias a un referéndum que volviera a retorcer la Constitución. Pero el Supremo bloqueó su maniobra, y los promotores de la consulta están confesando que la operación fue promovida mediante una financiación fraudulenta a cargo de contratistas del Estado. Incluso la autorización para el segundo mandato que termina hoy, obtenida con una votación parlamentaria in extremis, podría ser declarada ilegal (por haber sido comprados los votos que hicieron posible la reelección en 2006) según la investigación que está a punto de culminar la fiscalía.

Aunque Uribe se despide con una alta popularidad, obtenida con una mezcla de populismo, asistencia social e identificación con una Colombia profunda a la que prometió el final de una guerra que dura ya más de 50 años, los resultados reales de su gestión no pueden ser más negativos. Al inicio de su presidencia, en 2002, Colombia era el cuarto país más desigual de América; hoy es el primero. El Gobierno reconoce que un 46 % de la población está en la pobreza, el 65 % entre los campesinos. Según la CEPAL la cifra podría elevarse al 71 % si se suman los pobres y a los que están en riesgo de serlo.

Millones de desplazados

El colombiano que durante más tiempo ha gobernado el país deja el Palacio de Nariño con el 60% de la población en paro o en la economía sumergida. Más de tres millones de personas son desplazadas: los paramilitares y los caciques regionales, que han apoyado incondicionalmente al uribismo, les han arrebatado más de cinco millones de hectáreas de tierras.

El relato con el que Uribe llegó al poder fue el de la "seguridad democrática": acabar por la fuerza con la guerrilla de las FARC, un empeño en el que fracasó su antecesor Pastrana. Para su reelección agregó la "confianza inversionista" y la "cohesión social". Dice el escritor y periodista Antonio Caballero: "Inseguridad, desconfianza y polarización son el legado que dejan ocho años de tramposos, corruptos y brutales gobiernos de Uribe".

miércoles, 11 de mayo de 2011

Los dichos de Uribe

En Twitter crearon una etiqueta para recoger los dichos de Uribe: hay que ver el despliegue de ingenio de estos intelectuales patrios, buenos discípulos de los que copan los medios de comunicación (hacer clic en la imagen).

No viene nadie a apagarlos

[Las insinuaciones de matar a Uribe son moneda corriente en los medios y en las redes sociales en Colombia. He aquí un ejemplo desvergonzado.]

lunes, 9 de mayo de 2011

Hijos de Uribe hicieron negocios con ‘para’ de Guachaca: ‘Canoso’

14 de abril de 2011

EL HERALDO
Jerónimo y Tomás Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, mantenían una relación de negocios y hasta parrandearon con Héctor Ignacio Rodríguez, alias Nacho, señalado de haber sido elegido como concejal de Guachaca con el apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.


Así lo reveló en versión libre ante la fiscal coordinadora de Justicia y Paz, Zenaida López Cuadrado, el exparamilitar y exjefe político del bloque Resistencia Tayrona de las AUC, José Gélvez Albarracín, apodado El Canoso.

Desde Bogotá, donde permanece recluido en la cárcel La Picota, Gélvez aseguró que los hijos del expresidente surtían su empresa de artesanías Salvarte comprándole productos a Nacho, quien tenía una fábrica llamada Art Coco.

También dijo que los Uribe se reunieron en tres ocasiones con él y el Concejal. “La primera fue una vez que los Uribe llegaron a Santa Marta y fuimos hasta las playas del Tayrona en un remolcador de propiedad del papá de Nacho, también llamado Héctor Rodríguez, un capitán retirado de la Armada Nacional”.

Contó, en su versión rendida la semana pasada, que los hijos del expresidente fueron acompañados por Pablo Parra, dueño de una reconocida discoteca. “La embarcación —relató— partió de la marina del edificio Cascada. Bebimos licor y estuvimos hasta las 4 p.m., cuando regresamos de las playas del Tayrona”.

Las otras reuniones. El segundo encuentro, según El Canoso, fue durante un Carnaval de Barranquilla en el que todos desfilaron en una comparsa bautizada La Fiebre Amarilla, en alusión a que los titíes cabeciblancos se estaban muriendo por esa enfermedad en la Sierra Nevada de Santa Marta.

“La última reunión fue en Bogotá, en el restaurante Gaira, de propiedad de Guillermo Vives, cuando hicieron el lanzamiento de la candidatura de la señorita Magdalena Laura Abisambra”, aseguró Gélvez, quien aclaró que ese encuentro no tuvo nada que ver con las AUC. “Simplemente fuimos como asistentes”, precisó.

Sostuvo que Jerónimo y Tomás “debían saber que yo era el político de las Autodefensas. Nacho debió habérselos dicho porque sabía que fue elegido con el apoyo de las AUC, y yo era quien manejaba las relaciones políticas del bloque Resistencia Tayrona”.

También manifestó que los Uribe tenían la intención de conocer a Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón o El Viejo, excomandante de ese bloque, pero la reunión nunca se hizo.

Representante investigador del ex presidente Uribe se aparta del caso

Aceptó la recusación que había formulado el ex mandatario.

La decisión se conoció a la una de la tarde de hoy miércoles. El representante a la Cámara Alfredo Bocanegra, quien coordina la investigación en la Comisión de Acusación contra el ex presidente Álvaro Uribe, anunció que se declara impedido para continuar con la indagación al ex mandatario.

En el texto en el que acepta la recusación, Bocanegra aduce razones jurídicas y de su origen político: "Seguir siendo el coordinador de la investigación de las 'chuzadas' (...) Implica para mí, por el querer del apoderado del investigado, convertirme en un mutilado mental y en su secuestrado verbal", dice Bocanegra.

"No me voy a prestar para que el presidente Uribe pueda morir de viejo, como 'Tirofijo', sin que se le sancione", enfatizó.

La célula legislativa abrió una investigación preliminar contra el ex presidente por su supuesta responsabilidad en el escándalo de las 'chuzadas'.

Uribe le pidió a Bocanegra que se separara del proceso debido a las declaraciones que ha dado el congresista conservador a los medios de comunicación en las que se ha referido a la investigación.

Bocanegra le dijo a la prensa que no será para Uribe "el Heyne Mogollón que encontró Samper", y que "para un paisa berraco, aquí hay un tolimense más berraco".

Bocanegra arremete contra abogado de Uribe

Bocanegra dijo que Jaime Lombana, el abogado del ex presidente Uribe, pretende callar en los medios su cercanía con el grupo Nule.

"La recusación no es jurídica, es política, malsana, malintencionada de un personaje que considero de 4 en conducta, como en la novela del doctor Jaime Sanín. Alguien que pretende distraer todo el asedio de los medios respecto a sus relaciones con el grupo Nule", dijo Bocanegra sobre Lombana.

El legislador agregó que acaba de concluir una investigación sobre el grupo Nule "en la cual se compromete mucho la omisión y la acción del gobierno pasado, del ministro de Minas anterior, el doctor (Luis Ernesto) Mejía, respeto a la adquisición de la empresa Enertolima, de la cual yo soy representante en mi región".

"El 49 por ciento de los propietarios de esas acciones (de Enertolima) eran los Nule, entonces cada vez que voy a hablar del gobierno del ex presidente Uribe, de algún ministro o de alguna actuación, inmediatamente me viene una recusación. Prefiero recuperar mi independencia crítica en el Congreso para adelantar los grandes debates de control político, a quedarme callado sobre el pretexto de que soy el investigador de una de las tantas causas que se adelantan en contra del doctor Uribe", dijo.

Ahora la Comisión de Acusacion en pleno tendrá que votar y decidir si acoge el impedimento o no. El parlamentario se referió también a versiones que han circulado sobre presuntas amenazas en su contra. Sobre ellas, el investigador negó que hayan existido.

[Todo lo dicho por el tipo es una clara declaración de su intento de prevaricar, como sucedió con la ex directora del DAS y Jaime Arrubla, que ¡aparte de ser la supuesta víctima también es su juez!]

REDACCIÓN POLÍTICA

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La cortina


El ex presidente Uribe olvidó que fue él quien sancionó una ley de amnistía que libró de responsabilidad a más de 40.000 individuos, guerrilleros y paramilitares.

El ex presidente utiliza cortinas, de humo y ruido, para no tener que rendir cuentas.

Como todas las semanas, y en respuesta a los innumerables escándalos que rodean su administración, el ex presidente Uribe se acaba de sacar un argumento antijurídico y políticamente inviable sobre la inexistencia del conflicto armado para sabotear la Ley de Víctimas.

Habrá que recordarle que la aplicación del artículo 3 común, en ninguna de sus provisiones, modifica el estatus jurídico de las partes de un conflicto, ni constituye reconocimiento de poder alguno del Gobierno a la parte adversa, y tampoco limita "de ningún modo su derecho a reprimir una rebelión por todos los medios, incluido el uso de las armas; no afecta en nada su derecho a perseguir judicialmente, juzgar y condenar a sus adversarios por sus crímenes, de conformidad con la propia ley" ('Compilación de jurisprudencia y doctrina nacional e internacional', volumen III, página 33. Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia).

Tampoco desnaturaliza los crímenes de la guerrilla. El reconocimiento explícito de la existencia de un conflicto armado no resta gravedad ni exime o limita las responsabilidades de la guerrilla en el genocidio de los pueblos indígenas, las condiciones de esclavitud a las que somete a sus secuestrados, el reclutamiento de niños, el uso de civiles como escudos humanos, o cualquiera de los crímenes en extremo graves que ha cometido y sigue cometiendo.

Es más, desconocer la existencia del conflicto solo actuaría en su favor y tendría un efecto devastador en la seguridad, por cuanto habría que declarar ilegales el grueso de las operaciones que hoy libran nuestras Fuerzas Armadas en el marco de su 'Plan de Guerra'.

El ex presidente conoce estos argumentos, los discutió extensa y personalmente con las organizaciones cuyo mandato depende precisamente del reconocimiento de la existencia del conflicto armado, como la misma OACNUDH, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la MAPP-OEA. También sancionó leyes como la 782, de diciembre del 2002, que prorrogó por otros 4 años, mediante la Ley 1106, del 2006, en las que se habilitó para "dialogar con grupos armados al margen de la ley, promover su desmovilización, la reconciliación y la convivencia política", y en las que no solo reconoce explícitamente la existencia de un conflicto armado, sino su naturaleza política, y nombró a un negociador del más alto rango y nivel de acceso, el Alto Comisionado de Paz, para cumplir con tal empeño.

Convenientemente, olvidó mencionar que fue él quien sancionó una ley de amnistía que libró de responsabilidad a más de 40.000 individuos, guerrilleros y paramilitares, responsables de la comisión de graves crímenes. Y quien reconoció la existencia del paramilitarismo, sistemáticamente negada por los gobiernos anteriores, que, en respuestas oficiales abundantemente documentadas, rechazaban el término por cuanto aquello implicaba la complicidad, tolerancia y/o aquiescencia de la fuerza pública con estos grupos.

Ninguno de estos actos de gobierno otorgó estatus de beligerancia a las guerrillas. Tampoco los vecinos. Si el presidente Chávez quisiera hacerlo, que no lo hizo, no necesita el permiso del gobierno colombiano, por cuanto se trata de un hecho jurídico autónomo.

Pero, reitero, el ex presidente lo sabe. Utiliza estas cortinas, de humo y ruido, para no tener que rendir cuentas sobre el cartel de la salud, las 'chuzadas' del DAS, el cartel de la contratación en el país, las falsas desmovilizaciones, los falsos positivos, las preguntas sobre el patrimonio de sus hijos y las condenas impuestas a sus familiares y socios políticos.

[El párrafo resaltado es resueltamente calumnioso, atribuye una intención dolosa sin aportar ninguna prueba, y atribuye al ex presidente relación con hechos que le son ajenos. Toda la columna es el mismo intento de sacar provecho de cualquier situación para favorecer la persecución del uribismo a partir de calumnias y juicios paralelos.]

domingo, 8 de mayo de 2011

El desánimo nacional


Por Mauricio Vargas

El informe de mayo de la encuesta bimestral de Gallup cayó como un baldado de agua fría. Después del ánimo que caracterizaba al país en los primeros meses de mandato de Juan Manuel Santos, el estudio marcó una aguda caída en el porcentaje de colombianos que piensan que las cosas están mejorando (pasó de 41 por ciento a fines de febrero, a 27 hoy) y una subida significativa de quienes creen que está empeorando (de 39 a 54 por ciento en el mismo período). Como lógica consecuencia, el Presidente pagó parte de la cuenta: su imagen favorable cayó de 72 por ciento hace dos meses, a 66 ahora.

¿Las razones? Sin duda, el desastre invernal y la tardanza en la llegada de la ayuda han pesado. Las preguntas relacionadas con el estado de las carreteras o el medio ambiente registraron una mala calificación para las autoridades. Pero también, y mucho, pesó la interminable secuencia de escándalos de corrupción y el hecho de que quedó claro que este problema no está circunscrito a uno sino a muchísimos casos. La sensación de que, en este frente, las cosas están empeorando se acentuó: en octubre, 46 por ciento de los encuestados del Gallup Poll lo pensaba; ahora lo cree el 70.

Pero, en rigor, si el Gobierno y los organismos judiciales son capaces de denunciar las graves irregularidades en salud, contratación de obras, agro, funcionarios que piden plata y otros muchos, y de sancionar disciplinaria o incluso penalmente a los responsables, como los colombianos lo están viendo, esto debería llevar a la opinión a concluir lo contrario: que las autoridades están combatiendo la corrupción y que eso es bueno.

El problema es que para sancionar, primero hay que destapar. Y como la serie de destapes lleva varios meses, el impacto por la gravedad de lo descubierto supera en mucho la sensación de que la actuación de las autoridades no solo sirve para castigar a los culpables, sino para prevenir la repetición de los mismos hechos. Desconcertados ante lo que ha quedado en evidencia, los colombianos no están por ahora en capacidad de ilusionarse con que la guerra contra la corrupción logrará prevenir irregularidades y delitos similares en el futuro.

Que años después del proceso 8.000, que llevó a decenas de congresistas a la cárcel, otras decenas de parlamentarios hayan ido tras las rejas por cuenta de la 'parapolítica' produce ese escepticismo. La conclusión obvia es que muchos políticos no aprendieron la lección. El Congreso y los partidos también pagan parte de la cuenta. La encuesta revela que la opinión desfavorable del parlamento creció de 44 por ciento en septiembre, a 54 ahora. A los partidos políticos les va peor: en el mismo período, ese indicador negativo pasó de 47 a 66 por ciento.

Si esto sigue así, el caldo de cultivo para una aventura populista tipo Fujimori o tipo Chávez estará listo cuando arranque la campaña presidencial del 2014. Consciente de la gravedad del momento, el presidente Santos ha hecho una apuesta interesante. En vez de mantenerse como observador impávido de la serie de destapes y de dejar el protagonismo a los jefes de los organismos de control, ha querido liderar la campaña. Así lo demostró en el caso de la red de negociados en el sistema de salud. Y varios de sus ministros, como el de Defensa, Rodrigo Rivera, cuando denunció el viernes los delicados hallazgos en el Club Militar, apuntan en la misma dirección.

Eso no quiere decir que la estrategia vaya a funcionar. Pero es la correcta. Primero, porque es muy bueno que, en un país presidencialista, el propio Jefe del Estado lidere esta guerra. Y segundo, porque eso les da la oportunidad, a él y a los jefes de los organismos judiciales, de hacer pedagogía en el sentido de que el destape, por duro que resulte, debe servir algún día para reducir de modo significativo la corrupción.

[Tanta desfachatez parece mentira. Los destapes de corruptelas son sólo el interés propagandístico de desprestigiar a Uribe y su gobierno, y el desánimo tiene más que ver con la obvia perspectiva de recuperación de las farc por el interés del gobierno de premiarlas. Esa percepción influye en el pesimismo de los colombianos (ver Atrabilioso: http://bit.ly/jnIqNe). Pero lo peor es comparar los procesos del 8.000 con los de la Parapolítica, con decenas de congresistas presos preventivamente por pruebas tan bizarras como las declaraciones de Pitirri, para resultar finalmente inocentes, como Carlos García Orjuela: Mauricio Vargas colabora en la calumnia, pero su arte es el sobreentendido: ¡colabora con Bejarano, Zuleta y Coronell pero su tarea es por sentado que los sicarios que encarcelaron a los ex funcionarios por el ais ejercen correctamente su trabajo de jueces! Santos lidera la persecución, Vargas lo aplaude. Otro propagandista de la tiranía.]

viernes, 6 de mayo de 2011

Rey, sin trono

[El artículo aparece publicado como archivo de imagen.]




[De principio a fin hay una hostilidad que el lector, normalmente servil por la tradición en que creció, tenderá a compartir. ¿En qué sentido es el señor Uribe "rey"? ¿Qué delito hay en ser paisa o finquero? Sólo la descalificación que termina siendo halagadora para el lector. ¿Cómo que iba a mandar por "simpre"? ¿No es brutalmente calumnioso decir que controlaba lo de las notarías?

És es el tono del antiuribismo, los recursos más ordinarios de la propaganda. Como unos discípulos de Goebbels ejerciendo en la selva y dirigiéndose a un público primitivo y primario. Al final termina con el previsible "pobrecito", que sigue a la descalificación de las opiniones del ex presidente "per se". ¿Quién insulta?

Lo más despreciable es que esta periodista tenía otra disposición cuando Uribe era presidente, señal clarísima de que las lealtades del empresario que le paga cambian según la orientación del gobierno. Espantosas pasiones incentivadas que encuentran público en Colombia por lo que halagan el resentimiento y la envidia, tal como la publicidad de automóviles usa muchachas escotadas: el producto que se vende con esta repugnante industria del odio es el proyecto de un gobierno que sigue los peores vicios clientelistas que hundieron al país en las décadas anteriores y que necesita crear un villano al cual perseguir para legitimar el despojo.]